EL JARDÍN DE OSCA

El trasvase de agua a Barcelona, cuestión de semántica
Finalmente se confirma. Generalitat de Cataluña y Gobierno central han sellado el que ahora se denomina “banco público de agua”, evitando así hablar de transferencia, trasvase, “ministrasvase” o captación temporal de agua.
Los problemas de abastecimiento de agua de boca a la Ciudad Condal se solucionarán a través de una tubería que discurrirá por la autopista AP-7 y que transportará agua del Ebro a la cuenca del Llobregat. La última ocurrencia de José Montilla y el tripartito catalán (PSC, ICV y ERC) ya ha desatado en Valencia y Murcia una batalla hídrica, a la que se adherirá sin duda Aragón.
Los partidos políticos aragoneses han reiterado este martes su rechazo frontal a cualquier plan que huela a trasvase o transferencia de aguas entre cuencas. El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, ya ha manifestado que los artículos 19 y 72 del nuevo Estatuto de Autonomía reconocen a Aragón una serie de competencias en materia de transferencia de aguas desde la cuenca del Ebro, lo que requiere una consulta previa a la Comunidad.
Los socialistas, tanto desde el PSC como desde el Ejecutivo español, defienden que no se sacará una gota de agua del Ebro, sino que se aprovechará la sobrante del Consorcio de Aguas de Tarragona, así como que se trata de una obra reversible y puntual. En Aragón, la semántica se maneja a la perfección. CHA ya ha advertido que no confían en que sea un trasvase temporal y advierten que va a sentar un precedente peligroso. El PP del Levante ya está sacando las uñas.
El PP tacha de “desvergüenza política” la decisión socialista e Izquierda Unida declara que el “minitrasvase” a Barcelona es contrario a la Nueva Cultura del Agua y exige al presidente Iglesias que haga valer el Estatuto.
Aragón y su espada de Damocles van siempre de la mano. Las constantes amenazas de trasvases están exasperando a la clase política aragonesa, y más aún los acuerdos bilaterales entre Madrid y Barcelona, sin tener en cuenta a la Comunidad. Ahora es cuando se va a empezar a comprobar la eficacia del Estatuto aragonés y la capacidad de sus políticos para plantar cara. El Gobierno de Aragón tendrá que sacar ahora fuerzas para no decepcionar a sus votantes y al menos, demostrar que tiene cosas importantes que decir y defender, y por encima de todo, hacerse escuchar.