Oposición total en Aragón al traslado de los bienes religiosos al nuevo museo de Lérida

Oposición total en Aragón al traslado de los bienes religiosos al nuevo museo de Lérida

El presidente Iglesias asegura que la incorporación de estas piezas a los fondos del Diocesano es "una provocación innecesaria".


ISABEL ARA. Huesca "Una provocación innecesaria". Así calificó el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, la escenificación ayer en Lérida del traslado de las obras de arte que en los últimos años han formado parte de la exposición Proemium, en la iglesia de San Martín de esta ciudad, al nuevo Museo Diocesano y Comarcal, que está previsto inaugurar el 30 de noviembre. Entre esas piezas se cuentan ocho de las 113 procedentes de las parroquias de la zona oriental del Alto Aragón y que se hallan en depósito en Lérida, cuyo obispado debe devolverlas al de Barbastro-Monzón, su legítimo propietario, según el decreto de la Congregación de los Obispos de Roma emitido en 2005 y ratificado definitivamente el pasado mes de mayo por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.

"Disponen de más de 2.000 obras (de la colección diocesana) para una exposición en la que deciden incluir una serie de piezas sobre cuya propiedad el Vaticano ya ha dictaminado que son de Aragón", añadió Iglesias, al tiempo que explicó que "hemos reiterado hoy (por ayer) al obispado de Barbastro-Monzón nuestro total apoyo a cualquier medida que quiera adoptar después de esta provocación del Museo Diocesano y de la diócesis de Lérida". El presidente recordó que "es un conflicto en el que quien no cumple es la propia Iglesia, que pone en riesgo el Concordato".

Marcelino Iglesias no fue el único que habló ayer de "provocación" por parte de Lérida. El portavoz del grupo socialista en las Cortes, Jesús Miguel Franco, también consideró fuera de lugar la puesta en escena preparada ayer por los responsables del centro museístico. "No venía a cuento, no hacía falta recurrir a esos bienes para esa exposición. Es una provocación, o al menos lo parece", manifestó. Al igual que el Iglesias, Franco insistió en que "después de tanto tiempo, lo único que podemos hacer es apoyar incondicionalmente todas las decisiones que tome el obispo, seguir reclamando que se cumpla la sentencia firme y facilitar que esos bienes vengan en las mejores condiciones".

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, recriminó a Marcelino Iglesias la actitud que ha venido demostrando en estos últimos años respecto a este conflicto. "Su postura de no hace absolutamente nada -afirmó en un comunicado- de buenismo, de poner constantemente la otra mejilla, de no elevar la voz para que no se enfaden buscando dar lástima al tripartito para ver si así se ablandan y nos devuelven lo nuestro no ha servido para nada".

"Espero que ahora sí salga usted -añadió dirigiéndose a Iglesias- en defensa de los intereses de todos los aragoneses. Porque nos jugamos no solo las piezas, que ya es mucho. Está en juego nuestra dignidad".

En cuanto a la postura de la Generalitat, declaró que "nos han hecho creer, con palmaditas en las espaldas de Iglesias y de Eva Almunia, que las piezas volverían a Aragón, pero lo único que querían era que pasara el tiempo para poder terminar el Museo Diocesano de Lérida. A partir de este momento, las piezas formarán parte de la unidad museística catalana y dependerán directamente de la Generalitat, lo que les dará una razón más para no devolver los bienes a sus legítimos dueños", denunció Alcalde.

Al papel de las administraciones catalanas aludió también Javier Allué, portavoz del PAR en las Cortes. "No se ve por parte de las instituciones civiles ningún atisbo de colaboración, y por parte de la Iglesia seguimos con los tiempos de la eternidad y del 'ya veremos', pero no parece que se dibuje un final feliz, al menos a corto plazo". "Por lo tanto -prosiguió- la situación es muy preocupante, porque tenemos la ley con nosotros, pero aquí estamos".
"Una nueva tomadura de pelo"

"Se está produciendo un manejo de las piezas absolutamente libérrimo, cuando la propiedad de las mismas imposibilita ese traslado", manifestó Allué, antes de reiterar que "el único traslado que debe producirse es a Aragón, no a la nueva sede del museo". Además, se mostró tajante al afirmar que "esto vuelve a ser una tomadura de pelo" y que "ante semejante injusticia tenemos que levantar la voz y hay que hacer cualquier cosa que esté en nuestra mano, al menos para no dejar que se cachondeen de nosotros".

Por otra parte, el portavoz de los aragonesistas volvió a exigir "la implicación del Estado, con alguna declaración favorable a las tesis aragonesas, porque a fin de cuentas estamos ante un conflicto eclesiástico que al final también es territorial y ciudadano, y que es lo suficientemente importante como para que el Gobierno se pronuncie".

Desde CHA, su portavoz en la comisión de Cultura, Nieves Ibeas, también criticó "la ostentación y la parafernalia" de lo acontecido en Lérida, aunque tampoco salió bien parado de sus valoraciones el Gobierno de Aragón, del que, dijo, "no vemos ningún gesto, su preocupación es escasa y echamos de menos que esté peleando". Asimismo, advirtió de que "ellos (Lérida) tienen un museo y nosotros en Aragón no tenemos nada, y tendrá que haber un debate para ver cómo se exponen las obras cuando vuelvan".

Para Adolfo Barrena, diputado de IU, este "es un asunto que se centra en unos bienes privados que pertenecen al ámbito religioso y que lamentablemente están bajo la jurisdicción del Estado Vaticano, algo que desde nuestro punto de vista no tiene sentido en una sociedad democrática". Por ello, abogó por "romper el Concordato y evitar que la Iglesia tenga este tipo de privilegios que le otorga el Estado español". En este sentido, recordó que "hace un año, Marcelino Iglesias votó en contra de una propuesta de Izquierda Unida para que se derogara el Concordato".

Por otra parte, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) rechazó "de forma rotunda" la incorporación de la piezas de arte aragonesas al nuevo museo, y denunció el "uso político" de este patrimonio.