Esto tambien es Memoria Historica

Asesinatos colectivos en la España del Frente Popular
Por Ministerio de Justicia, 1943
El 25 de septiembre de 1936, desde que las sirenas de la ciudad de Bilbao anunciaron la presencia de la aviación nacional, las turbas, entre las que figuraban gran número de mujeres, se dispusieron, de acuerdo con los guardianes de los presos, al asesinato en masa de estos últimos.

Y así, una vez terminado el bombardeo, se dirigieron hacia los muelles de la ría próximos a la factoría de Altos Hornos, en que se hallaban fondeados los barcos Altuna-Mendi y Cabo Quilates, convertidos en prisión; algunos grupos se trasladaron en gabarras a bordo de los buques, y en el Cabo Quilates comenzó la matanza en las primeras horas de la noche, siendo asesinados sobre cubierta la mayoría de los presos, y otros en la misma bodega, sobre la que se hizo fuego desde fuera, pereciendo de este modo 41 detenidos. En el Altuna-Mendi, después de obligar a los presos, bajo la amenaza de una ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto, se asesinó a tiro de fusil, pistola y pistola ametralladora a 29 detenidos.

También en Bilbao, en la noche del 2 de octubre de 1936, un grupo de marineros, e individuos que se titulaban oficiales de Marina de la dotación del acorazado rojo Jaime I, subieron a bordo del barco-prisión Cabo Quilates, y, con la aquiescencia de los guardianes, asesinaron a 38 presos, a los que previamente despojaron de sus alhajas y objetos personales de algún valor.

En la misma capital bilbaína fueron asesinados el 4 de enero de 1937, en las distintas cárceles, un total de 209 presos, realizando los asesinatos fuerzas del Ejército rojo, constando la participación activa de varias compañías de los batallones Asturias (7º de la UGT), Fulgencio Mateos y Malatesta, perfectamente uniformadas, con armamento completo, y a las órdenes de sus jefes, respondiendo desde una de las cárceles el comandante del batallón Malatesta al presidente del Gobierno vasco, que le pedía una explicación acerca de los sucesos que estaban ocurriendo, que "cuando el pueblo se convenciese de que no quedaba un fascista en la cárcel cesarían las matanzas".

(...) Finalmente, el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que no había tomado ninguna medida para evitar estos crímenes, ni desplegado ninguna energía para cortarlos una vez iniciados, encargó al Secretario de Guerra que cesara la matanza, concluyendo ésta a los pocos minutos; debiendo tenerse en cuenta que esta orden sólo se dio a las cuatro horas de comenzados los crímenes y ante las apremiantes instancias de los funcionarios de Prisiones, que suplicaban la intervención de la Autoridad.

(...)

Las matanzas de Madrid

La suerte de los presos de Madrid –después de la matanza del mes de agosto en la Cárcel Modelo– fue haciéndose cada vez más incierta, hasta llegar muy pronto a las matanzas colectivas, respondiendo a una organización perfecta, estudiada en la propia Dirección general de Seguridad, con los antecedentes que a continuación se consignan:

El aumento progresivo del número de asesinatos con la participación, en unos casos, y la pasividad, en otros, de las autoridades que tenían obligación de asegurar el orden público, hizo que se conmoviera la opinión internacional y que las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid hicieran llegar a sus Gobiernos su alarma.

Hubo una nota inglesa a este respecto, y el ministro de Estado español, Julio Álvarez del Vayo, en representación del Gobierno rojo, hizo pública una comunicación, dirigida al encargado de Negocios de la Gran Bretaña, lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno inglés, que, afirmaba, carecía de fundamento, ya que "los presos se encontraban totalmente seguros y en espera de ser juzgados por los tribunales competentes".

La comunicación apareció en la Prensa los días 25 y 26 de octubre de 1936, y poco después, dentro del mismo mes de octubre, aquel Gobierno, por medio de uno de sus órganos, como era la Dirección general de Seguridad, ordenó en Madrid el asesinato de presos de la cárcel de Ventas, que no habían sido juzgados por ningún tribunal. Entre estos presos figuraban personas de destacado relieve intelectual, como don Ramiro de Maeztu, y de destacada personalidad política, como el fundador de las JONS, don Ramiro Ledesma Ramos, hallándose entre ellos los dos hermanos Borbón León, emparentados con la Casa Real española.

El director general de Seguridad, Manuel Muñoz, el día 31 de octubre de 1936 ordenó la entrega de estos presos a miembros del Comité Provincial de Investigación Pública –checa de Fomento–, con el pretexto de trasladarlos a Chinchilla; pero con la orden verbal de que fueran asesinados. Uno de los comprendidos de la relación original, don Francisco Gallego Sáenz, resistió el cumplimiento de la orden de salida y fue asesinado en el interior de la prisión.

En los primeros días de noviembre del propio año 1936, representantes de la checa de Fomento, con miembros del ejército marxista, acudieron a las cárceles de Ventas, San Antón y Porlier para requerir a los militares profesionales que sufrían prisión para que se incorporasen al ejército rojo, amenazándoles de muerte si no atendían el requerimiento. Como consecuencia de su actitud digna, negándose a mandar fuerzas militares del Frente Popular, se decretó su asesinato, sin intervención de tribunal alguno, y se hicieron listas, que se entregaron en la Dirección general de Seguridad; este organismo autorizó las sacas de presos para su asesinato, pretextando en algunos casos la libertad de los mismos, y en otros, su traslado. Desde el día 1 hasta el 7 de noviembre de 1936 se sucedieron estas expediciones, ordenadas bajo la firma del director general de Seguridad, Manuel Muñoz, en unos casos, y de los altos funcionarios de la misma Dirección, en otros.

El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la Dirección general de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.

Al día siguiente, 7 de noviembre, se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la cárcel de todos estos reclusos fué firmada por el Director general de Seguridad, que dispuso que el director de la cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de la Dirección general de Seguridad, don Ángel Jiménez Bella, el mandato referido se extendió y firmó después de una conversación que con dicho director general sostuvo la diputado socialista Margarita Nelken.

La Junta de Defensa de Madrid

El avance victorioso de las fuerzas nacionales y su aproximación a Madrid produjo como inmediatas consecuencias la huída del Gobierno rojo de la capital de España y la constitución de una Junta de Defensa de Madrid, presidida por el General Miaja, en la que había una Consejería de Orden Público, de la que pasaron a depender los detenidos gubernativos que lo estaban por sus ideas sin haber cometido infracción alguna.

La Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa fué confiada a Santiago Carrillo, de las JSU, y se nombró delegado de Orden Público –cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de director general de Seguridad– al redactor del diario socialista Claridad, Segundo Serrano Poncela.

(...)

Organización de las matanzas de Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz

Este Consejo, en la reunión celebrada el día 10 de noviembre de 1936, presidida por Serrano Poncela, acordó las "normas" que había de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa. A propuesta de su presidente, se estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la de capitán; segundo, falangistas, y tercero, todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular. Para este plan se designó a unos representantes del Consejo, que acudieron a distintas cárceles y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la suerte de los mismos.

También designó el Consejo un delegado suyo para cada una de las cárceles, cuya misión consistía en hacerse cargo de las relaciones de presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de las consignadas en la documentación oficial.

(...)

El delegado de Orden Público, Segundo Serrano Poncela, se encargó personalmente de dar las órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la Dirección general de Seguridad para disponer de los vehículos necesarios, y al Inspector General de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los elementos armados que acompañaban a las expediciones y componían los piquetes de ejecución.

El plan fue tan meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y el de enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron su colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos de San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, y Torrejón de Ardoz, que ordenaron a individuos de estas localidades que cavasen las fosas, y acudieran los días previamente señalados para proceder al enterramiento de las víctimas.

Estos acuerdos del Consejo de la Dirección general de Seguridad, encargado por el fugitivo Gobierno del Frente Popular de la misión de velar por el orden público en la capital, comenzaron a ponerse en ejecución a mediados de noviembre de 1936; pero antes, la Junta de Defensa de Madrid –procediendo en la misma forma en que lo había hecho el Gobierno marxista, al que decía representar– publicó una nota, que apareció en la Prensa diaria el 14 de noviembre de 1936, en la que, bajo la rúbrica "Saliendo al paso de una infamia", decía:
... Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso.

La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas establecidas.
Y en efecto; después de esta comunicación, cuando debían creer que con ello acallaban la alarma internacional, comenzaron a ponerse en ejecución los planes de asesinatos colectivos, organizados y elaborados por los organismos del Orden público, dependientes de la propia Junta de Defensa, que no hacía, en este caso, más que seguir el ejemplo que con su actuación anterior le marcó el Gobierno del Frente Popular. Las diversas Comisiones se trasladaron a las cárceles respectivas para interrogar a los que en ellas se encontraban detenidos.

(...)

En ocasiones los presos eran sacados de la cárcel sin documento oficial alguno, y días después, para que el expediente carcelario quedase completo, se llevaba la orden de traslado o de libertad, que daba una apariencia de legalidad a la salida del recluso.

En las horas de la madrugada los milicianos que prestaban servicio de guardia en el interior de la cárcel, provistos de linternas, entraban a las galerías y, entre blasfemias, insultos y amenazas, obligaban a los presos a levantarse, y los conducían al lugar en que se concentraba para entregarlos a los miembros de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, encargados de su traslado y ejecución; se les registraba, robándoles lo que llevaban encima; se les ataban las manos a la espalda con bramante fino, y con fuerza tal, que les hacía saltar sangre de las muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones, preparados al efecto, propinándoles fuertes golpes y haciéndoles objeto de otros malos tratos.

El conocido autor teatral don Pedro Muñoz Seca fue sacado de la cárcel de San Antón el día 28 de noviembre de 1936, y –según declaración prestada en esta Causa General por el testigo presencial don Buenaventura González de Lara– entre otros malos tratos de que fué objeto por parte de los milicianos, uno de ellos, llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) Dinamita, le dio fuertes tirones del bigote, hasta arrancárselo en parte.

(...)

A partir de esta época, la energía con que el nuevo delegado de las prisiones de Madrid –un anarquista que, en pugna con las demás autoridades rojas, y sobre todo con el Partido Comunista, actuó desde el primer momento, por su personal y exclusiva iniciativa– acabó con las matanzas de presos, demostró la facilidad con que hubiera podido obtener este mismo resultado el Gobierno del Frente Popular, si alguna vez se lo hubiese propuesto.

En Torrejón de Ardoz –donde, después de la liberación de España, durante el mes de diciembre de 1939, fueron exhumados 414 cadáveres–, en Ribas de Vaciamadrid y sobre todo en Paracuellos del Jarama –donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres– fueron enterrados en montón los presos de Madrid asesinados en noviembre de 1936 por las autoridades del Frente Popular.


NOTA: Este texto está tomado de la edición de la CAUSA GENERAL que acaba de publicar la editorial Akrón.